Buscan darle muerte a la COVIAR
Se conoció la existencia de un borrador de un proyecto de ley, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone modificar normas históricas que regulan distintas actividades productivas, entre ellas la promoción del vino argentino y de la carne vacuna. Con su aprobación, desaparecía la COVIAR.
Aunque la iniciativa todavía no fue enviada al Congreso, el texto ya comenzó a circular entre entidades rurales y empresarias. El proyecto de ley forma parte de una nueva etapa de la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei y también alcanza a sectores como el mercado inmobiliario, las farmacias, la industria editorial, el gas licuado y el transporte marítimo.
Cuando el Gobierno nacional dispuso la eliminación de las contribuciones obligatorias que financian a la Corporación Vitivinícola Argentina, el eje de la discusión giró en torno a si una resolución podía modificar lo que establece una ley (la que creó la entidad y fijó su fuente de financiamiento por parte de las bodegas). Ahora, la Coviar estaría incluida en un proyecto que deroga la normativa.
El proyecto contempla la derogación de la ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en 2004, para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y coordinar acciones entre el sector público y privado.
De prosperar el proyecto, desaparecería el marco legal que dio origen a la corporación, y los fondos remanentes pasarían al INV.
Después de que, en mayo, la Secretaría de Agricultura dispusiera el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) -extendido por la entidad hasta 2030- y la suspensión del aporte obligatorio que financia esas acciones, la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por Coviar y dejó sin efecto, de manera provisoria, esa decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Por otra parte, la propuesta también reduce los controles e inspecciones a la cadena vitivinícola, flexibiliza las prácticas enológicas y hace desaparecer las multas basadas en el valor del producto. El dato llega en el marco del rechazo, por parte de las bodegas y los viñateros, del aumento de los aranceles por los servicios que presta el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), establecido por una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
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